Zacatecas vive momentos críticos: los municipios mineros, que históricamente debieron convertirse en motores de desarrollo, hoy enfrentan abandono institucional, precariedad en servicios públicos y una alarmante falta de respaldo del Gobierno Federal y Estatal, puntualizó Juan del Real, Coordinador Operativo Estatal de Movimiento Ciudadano.
Esta realidad no sólo retrasa el crecimiento local, sino que profundiza la desigualdad y pone en riesgo la paz social.
Los conflictos mineros en Zacatecas, dijo, están lejos de disminuir. De acuerdo con estudios especializados, entre 2006 y 2020 se documentaron 18 conflictos mineros laborales y ecoterritoriales en el estado —la mayor cantidad a nivel nacional—.
Además, explicó, en 2025 se reportó el despido de al menos 195 zacatecanos en la mina Newmont Peñasquito, y se estima un ajuste mayor que podría alcanzar los 300 trabajadores. Estas cifras reflejan un patrón de precariedad laboral, ausencia de compromiso empresarial con la comunidad y fallas en la supervisión estatal.
Juan del Real, indicó que mientras tanto, los municipios mineros se encuentran desamparados. Servicios esenciales como seguridad, alumbrado, agua y obras de infraestructura están deteriorados.
A pesar de que el histórico Fondo Minero asignó millones de pesos —por ejemplo, en 2015 Zacatecas recibió 484 .5 millones de pesos del fondo, siendo Fresnillo beneficiario de 71.7 millones. — hoy ese mecanismo está prácticamente congelado y sujeto a denuncias de opacidad con un daño fiscal estimado en 71.2 millones de pesos a nivel nacional.
«La falta de reactivación del Fondo Minero agrava la situación: sin esos recursos, los municipios no pueden invertir en seguridad ciudadana, lucha contra el crimen organizado en zonas estratégicas de extracción o rehabilitación de infraestructura básica», agregó.
En zonas como Fresnillo, catalogada como una de las ciudades más inseguras del país, la ausencia de apoyo estatal se siente con más fuerza.
A esto se suma que el gobierno estatal tiene una tasa alarmante de juicios laborales perdidos: paga millones en laudos por despidos injustificados, lo que evidencia una gestión pública que no protege a su propio personal ni exige responsabilidad a las empresas extractivas.
Desde Movimiento Ciudadano exigimos respuestas urgentes:
1. Reactivación inmediata un Fondo Minero en el Estado, con transparencia, para que los municipios mineros cuenten con recursos para obras, seguridad y servicios.
2. Fortalecimiento de la supervisión laboral y ambiental de las compañías mineras, para asegurar condiciones dignas de empleo y minimizar el impacto social.
3. Mayor presupuesto estatal y federal dirigido a municipios mineros, para garantizar seguridad, salud pública, infraestructura y empleos bien pagados.
4. Creación de un mecanismo de monitoreo ciudadano que garantice que los recursos del fondo y los beneficios de la minería lleguen a la población.
